Eduardo Raya ha sido el primer afectado por presunto robo de bebés en nuestro país (los hechos son recientes, de 1990) en presentar una queja formar ante el Parlamento europeo, “por indefensión, irregularidades judiciales y parálisis de la justicia española en el caso de su hija y en el de miles de denuncias presentadas en España. Se calcula que entre 1940 y 1955 se sustrajeron unos 20.000 niños a sus familias por razones ideológicas, de represión política del régimen franquista, pero con posterioridad, en plena democracia, y hasta bien entrada la década de los noventa, esta práctica se habría prolongado de forma ilegal, por razones puramente económicas, pudiendo afectar a otras miles de familias de todo el país.
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