“España debería aclarar dónde y quiénes están en las fosas comunes”, según la ONU

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El presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el sudafricano Jeremy Sarkin, recordó este lunes al Estado español su obligación de aclarar  la situación de las personas  desaparecidas a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior represión franquista.

“El Estado español debería aclarar  dónde están las fosas comunes  y quiénes son las personas que están en esas fosas”, dijo Sarkin en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebra  por primera vez  bajo el paraguas de la ONU.

Sarkin declaró que las desapariciones “son  una violación continúa  de los derechos humanos” y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que “siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo”. El relator especial de las Naciones Unidas dijo que el deseo de su grupo es que “en  España se siga trabajando en este asunto, que se trabaje para identificar todas las fosas comunes que hay en el país”.

Sarkin destacó que “las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran  hace más de 70 años,  porque el derecho a la verdad es crucial”. “Es necesario  estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación”, agregó.

 

España es uno de los 28 países que  han ratificado  la Convención sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde diciembre pasado, pese a haber sido adoptada por las Naciones Unidas en 1982, y que en opinión de Sarkinayudará a avanzar  en la resolución de este problema.

113.000 desaparecidos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recordó este lunes que, en el caso de España,  son 113.000  las personas que siguen en fosas comunes  sin ser identificadas, según el intento frustrado del juez Baltasar Garzón de investigar este caso.

La ARMH denunció “el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de  la represión franquista” y subrayó que la desaparición forzada “es el delito más grave que existe en el Derecho Penal”.